Ley de Partidos Políticos

Gaceta Oficial Nº 6.013 Extraordinario del 23 de diciembre de 2010

LA ASAMBLEA NACIONAL

DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Decreta

la siguiente,

LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS, REUNIONES PÚBLICAS Y MANIFESTACIONES

TÍTULO I

Capítulo I

De los Partidos Políticos

Artículo 1

La presente Ley rige la constitución y actividad de los partidos políticos, así como el ejercicio de los derechos de reunión pública y de manifestación.

Artículo 2

Los partidos políticos son agrupaciones de carácter permanente cuyos miembros convienen en

asociarse para participar, por medios lícitos, en la vida política del país, de acuerdo con programas

y estatutos libremente acordados por ellos.

Artículo 3

Para afiliarse a un partido político se requiere ser venezolano o venezolana, haber cumplido 18

años y no estar sujeto a inhabilitación política.

Artículo 4

Los partidos políticos deberán establecer en la declaración de principios o en su programa, el

compromiso de perseguir siempre sus objetivos a través de métodos democráticos, acatar la

manifestación de la soberanía popular y respetar el carácter institucional y apolítico de la Fuerza

Armada Nacional Bolivariana.

Artículo 5

Los partidos políticos garantizarán en sus estatutos los métodos democráticos en su orientación y

acción política, así como la apertura de afiliación sin discriminación de raza, sexo, credo o condición social; y asegurarán a sus afiliados la participación directa o representativa en el gobierno del partido y en la fiscalización de su actuación.

Artículo 6

Los Partidos Políticos expresarán en su acta constitutiva que no suscribirán pactos que los

obliguen a subordinar su actuación a directivas provenientes de entidades o asociaciones

extranjeras.

En ningún caso esta disposición implicará prohibición para que los partidos participen en reuniones

políticas internacionales y suscriban declaraciones o acuerdos, siempre que no atenten contra la soberanía o la independencia de la Nación, o propicien el cambio por la violencia de las instituciones nacionales o el derrocamiento de las autoridades legítimamente constituidas.

Artículo 7

Los partidos políticos adoptarán una denominación distinta de la de otros partidos políticos

debidamente registrados.

Dicha denominación no podrá incluir nombres de personas, ni de iglesias ni ser contraria a la

igualdad social y jurídica, ni expresiva de antagonismo hacia naciones extranjeras, ni en forma

alguna parecerse o tener relación gráfica o fonética con los símbolos de la Patria o con emblemas

religiosos.

Los partidos podrán cambiar su denominación de conformidad con las normas fijadas en este

artículo y tomándose el acuerdo por la convención o asamblea que señalen sus Estatutos como

máximo organismo de decisión.

Deberá darse cuenta dentro de los 10 días siguientes a la determinación al Consejo Nacional

Electoral.

Capítulo II

De la Constitución de los Partidos Políticos

Artículo 8

Los grupos de ciudadanos o ciudadanas que deseen constituir un partido político deberán

participarlo a la autoridad civil del Distrito o Departamento con indicación de las oficinas o locales

que establecerán, en cuyos frentes y en forma visible para el público, colocarán aviso o placa

indicativa del nombre provisional con que actúan. Serán clausurados los locales de asociaciones o

grupos políticos que funcionen sin haber cumplido con los requisitos previstos en la primera parte

de este artículo. Las asociaciones de ciudadanos y ciudadanas que postulen candidatos o

candidatas durante los procesos electorales, en acuerdo con las disposiciones de la Ley Orgánica

de Procesos Electorales, podrán tener y organizar locales y oficinas como los partidos políticos,

mientras dure el proceso electoral, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en este

artículo.

Artículo 9

Los partidos podrán ser nacionales o regionales.

Artículo 10

Los partidos políticos regionales se constituirán mediante su inscripción en el registro que al efecto

llevará el Consejo Nacional Electoral.

La solicitud de inscripción deberá ir acompañada de los siguientes recaudos:

1) Nómina de los integrantes del partido en número no inferior al cero coma cinco por ciento (0,5%)

de la población inscrita en el registro electoral de la respectiva Entidad.

La nómina especificará sus nombres y apellidos, edad, domicilio y Cédula de Identidad.

2) Manifestación de voluntad de los integrantes del partido de pertenecer a él.

3) Tres ejemplares de su declaración de principios, de su acta constitutiva, de su programa de acción política y de sus estatutos.

Uno de los ejemplares se archivará en el expediente del Consejo Nacional Electoral, otro se enviará al Ministerio de Relaciones Interiores y el tercero será remitido a la Gobernación correspondiente.

4) Descripción y dibujo de los símbolos y emblemas del partido.

5) Indicación de los supremos organismos directivos del partido, personas que los integran y los

cargos que dentro de ellos desempeñan.

Parágrafo Primero: Los integrantes del partido que aparezcan en la nómina a que se refieren en

el ordinal 1 de este artículo, deberán estar domiciliados en la respectiva Entidad.

Parágrafo Segundo: Los directivos del partido autorizarán con su firma las actuaciones

precedentes, de acuerdo con sus disposiciones estatutarias.

Parágrafo Tercero: La solicitud de inscripción podrá ser tramitada por los interesados

directamente ante el Consejo Nacional Electoral o por intermedio de la Gobernación de la

respectiva Entidad.

Artículo 11

A los efectos del artículo anterior, cuando se tratare de un partido en trámite de organización

nacional podrán presentarse estos recaudos referidos al Partido Nacional, agregando las

correspondientes disposiciones transitorias para su actuación regional mientras se cumplen

aquellos trámites.

Artículo 12

El Consejo Nacional Electoral al recibir la solicitud de inscripción entregará constancia de ella a los

interesados y ordenará su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de

Venezuela y en la Gaceta de la Entidad correspondiente, dentro de los cinco días siguientes.

En dicha publicación se expresará el derecho de cualquier ciudadano o ciudadana para revisar, en

la oficina de la Secretaría de Gobierno de la respectiva Entidad, la nómina de los integrantes del

partido y para impugnar el uso indebido de algún nombre. A este efecto, el Concejo remitirá a la

Gobernación la nómina de los integrantes del partido. Esta impugnación la oirá, comprobará y

certificará el Consejo Nacional Electoral a través de sus delegados o delegadas, o del Secretario o

Secretaria de gobierno con la simple confrontación de su Cédula de Identidad.

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, atenderá cualquier

requerimiento que le sea hecho a los fines del cumplimiento de esta disposición. Cuando la

solicitud se haga a través de la Gobernación regional, la Secretaría de Gobierno cumplirá con la

tramitación establecida y hará la publicación en la Gaceta del Estado en el plazo señalado,

remitiendo los recaudos al Consejo Nacional Electoral con excepción de la nómina de militantes del

partido. El Consejo Nacional Electoral podrá designar delegados o delegadas, al recibir la

información de que se ha solicitado el registro de un partido regional, para que supervise o tome a

su cargo la tramitación de los recaudos.

Transcurridos treinta días a contar de la fecha de la publicación la Gobernación enviará al Consejo

Nacional Electoral la nómina, con las observaciones o impugnaciones que se le hubieren hecho. El

Consejo Nacional Electoral, dentro de los quince días siguientes a su recibo procederá a inscribir al

partido en su registro si se han cumplido los requisitos legales. En caso contrario, devolverá la

solicitud, haciendo constar por escrito los reparos formulados, si no se tratare de negativas de la

inscripción. Los interesados o interesadas, dentro de los diez días siguientes, podrán presentar los

nuevos recaudos necesarios para formalizar la solicitud y el Consejo resolverá dentro de los diez

días, después de haber recibido respuesta a los reparos formulados.

Artículo 13

Hecha la inscripción del partido o negada ésta, el Consejo Nacional Electoral procederá a

comunicar su decisión a los interesados e interesadas y a publicarla en la Gaceta de la República

Bolivariana de Venezuela y en la Gaceta de la Entidad correspondiente, dentro del lapso previsto

en el artículo anterior. En caso de negativa de la inscripción, se expresarán las razones que para

ello tuvo el Consejo Nacional Electoral.

Artículo 14

El Ministro o Ministra del Poder Popular con competencia en materia de Relaciones Interiores y

Justicia, podrá objetar la solicitud de inscripción de cualquier partido ante el Consejo Nacional

Electoral, indicando las razones en que se fundamente de acuerdo con lo previsto en esta Ley. Si

fueren rechazadas, el Ejecutivo Nacional, por órgano de la Procuraduría General de la República,

podrá recurrir por ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, la cual

decidirá en la forma y dentro de los lapsos establecidos para la negativa de inscripción.

Artículo 15

De la negativa de inscripción se podrá recurrir dentro de los quince días siguientes a la publicación

de la Gaceta, por ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.

Este Tribunal decidirá en la décima quinta audiencia siguiente al recibo de las actuaciones,

pudiendo tanto el Consejo Nacional Electoral como los interesados e interesadas, promover y

evacuar los alegatos y pruebas que estimen procedentes, dentro de las diez primeras audiencias

de aquel plazo.

Cuando la decisión del Tribunal Supremo de Justicia sea revocatoria de la del Consejo Nacional

Electoral éste procederá a inscribir al partido dentro de los tres días siguientes a la decisión del Tribunal.

Artículo 16

Los partidos políticos nacionales se constituirán mediante su inscripción en el registro que al efecto

llevará el Consejo Nacional Electoral.

La solicitud de inscripción debe ir acompañada de los siguientes recaudos:

1) Dos ejemplares de su acta constitutiva, de su declaración de principios, de su programa de

acción política y de sus estatutos. Uno de estos ejemplares se archivará en el respectivo

expediente del Consejo Nacional Electoral y el otro será remitido al Ministro o Ministra del Poder

Popular con competencia en materia de Relaciones Interiores y Justicia.

2) Constancia auténtica de que el partido ha sido constituido en por lo menos doce de las

Entidades Regionales, conforme a las normas de la presente Ley.

3) Descripción y dibujos de los símbolos y emblemas del partido.

4) Indicación de los organismos nacionales de dirección, las personas que los integran y los cargos

que dentro de ellos desempeñan.

Parágrafo Único: Los directivos del partido autorizarán con su firma las actuaciones precedentes,

de acuerdo con sus disposiciones estatutarias.

Artículo 17

A los efectos del artículo anterior, cuando se tratare de partidos Regionales que hubieren acordado

su fusión para constituir una organización nacional, así se expresará en la respectiva Acta

Constitutiva, acompañándose constancia fehaciente del voluntario consentimiento expresado por

cada una de las organizaciones regionales, de acuerdo con sus Estatutos, para convertirse en

Partido Nacional.

Artículo 18

El Consejo Nacional Electoral al recibir la solicitud de inscripción entregará constancia de ello a los

interesados e interesadas y ordenará su publicación en la Gaceta Oficial de la República

Bolivariana de Venezuela dentro de los cinco días siguientes. En dicha publicación se expresará el

derecho de cualquier ciudadano a impugnar la solicitud de inscripción.

Transcurridos treinta días a contar de la fecha de la publicación, si no se hubiere formulado

oposición razonada y el Consejo Nacional Electoral considerare que han sido llenados los

requisitos legales, procederá a inscribir al partido en su registro dentro de los 5 días siguientes a

aquél plazo.

Si hubiere habido oposición, los interesados e interesadas tendrán veinte días para presentar las

pruebas y alegatos que consideren pertinentes y el Consejo Nacional Electoral decidirá dentro de

los diez días siguientes.

De la decisión del Consejo Nacional Electoral, los que hubieren hecho oposición o los promotores,

podrán recurrir por ante el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político Administrativa dentro de

los diez días siguientes a la fecha de la decisión. Este Tribunal decidirá en la décima quinta

audiencia siguiente al recibo de las actuaciones, pudiendo tanto el Consejo Nacional Electoral

como los interesados promover y evacuar los alegatos y pruebas que estimen procedentes dentro

de las diez primeras audiencias de aquel plazo.

Artículo 19

Hecha la inscripción del partido o negada ésta el Consejo Nacional Electoral procederá a

comunicarla a los interesados e interesadas y a publicarla en la Gaceta Oficial de la República

Bolivariana de Venezuela dentro del lapso previsto en el artículo anterior. En caso de negativa de

la inscripción, el Consejo Nacional Electoral expresará las razones que tuvo para ello.

Artículo 20

El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Relaciones Interiores y Justicia,

podrá objetar la solicitud de inscripción de cualquier partido nacional ante el Consejo Nacional

Electoral, indicando las razones en que se fundamenta de acuerdo con lo previsto en esta Ley. Si

fueren rechazadas, el Ejecutivo Nacional, por órgano de la Procuraduría General de la República,

podrá recurrir por ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en la forma

y dentro de los lapsos establecidos en el último aparte del artículo 18.

Artículo 21

Desde la fecha de la publicación de su registro el partido adquirirá personalidad jurídica y podrá

actuar, a los fines de sus objetivos políticos, en toda la República o en todo el territorio de la

Entidad Regional según el caso.

Artículo 22

La constitución de las seccionales regionales de un partido nacional en las entidades donde no se

hubiera constituido con anterioridad a su inscripción en el registro del Consejo Nacional Electoral,

estará sujeto a lo dispuesto en los numerales 3, 4 y 5 del artículo 10 de esta Ley. Mientras tanto las

autoridades partidistas nacionales ejercerán su representación.

Artículo 23

Quienes de alguna manera coaccionen a trabajadores, trabajadoras, empleados, empleadas,

funcionarios o funcionarias de su dependencia para que se afilien a determinada organización

política, serán castigados con multas de quinientos a dos mil bolívares fuertes o arresto

proporcional.

Si el infractor fuere funcionario público, incurrirá, además, en la pena de destitución del cargo sin

que pueda nombrársele para desempeñar ninguna otra función pública durante seis meses

contados a partir de la fecha de la sentencia.

Capítulo III

De las Obligaciones de los Partidos Políticos

Artículo 24

Son obligaciones de los partidos políticos:

1) Adecuar su conducta a la declaración de principios, acta constitutiva, programas de acción

política y estatutos debidamente registrados.

2) Enviar copia al organismo electoral correspondiente de las modificaciones introducidas en los

documentos mencionados en el numeral anterior, a los efectos de esta Ley.

3) No mantener directa ni indirectamente, ni como órgano propio ni como entidad complementaria

o subsidiaria, milicias o formaciones con organización militar o para militar, aunque ello no

comporte el uso de armas, ni a permitir uniformes, símbolos o consignas que proclamen o inviten a

la violencia.

4) No aceptar donaciones o subsidios de las entidades públicas, tengan o no carácter autónomo;

de las compañías extranjeras o con casa matriz en el extranjero; de empresas concesionarias de

obras públicas o de cualquier servicio de bienes propiedad del Estado; de estados extranjeros y de

organizaciones políticas extranjeras.

5) Llevar una documentación contable en la que consten los ingresos y la inversión de los recursos

del partido.

A los efectos de esta disposición, las directivas nacionales de las organizaciones políticas deberán presentar ante el Consejo Nacional Electoral y las Directivas Regionales por ante la Gobernación del Estado, un libro diario, un libro mayor y un libro de inventarios, los cuales deberán ser encuadernados y foliados, la autoridad electoral o el Secretario de Gobierno Regional, según el caso, dejará constancia de los folios que éste tuviere, en el primer folio de cada libro, fechada y firmada; y en los siguientes folios hará estampar el sello de su oficina, y devolverá los libros a los interesados e interesadas en un término no mayor de diez días. Estos libros de contabilidad y sus respectivos comprobantes deberán ser conservados durante cinco años, por lo menos, contados a partir del último asiento de cada uno de ellos.

6) Participar por escrito al Consejo Nacional Electoral, en cada oportunidad, los nombres de las

personas que integren los supremos organismos directivos del partido y los cargos que dentro de

ellos desempeñen. En los estados, municipios, distritos y distritos metropolitanos esta participación

deberá hacerse ante la Gobernación respectiva, la cual remitirá copia al Consejo Nacional

Electoral.

Artículo 25

Los partidos políticos nacionales, renovarán en el curso del año en que comience cada período

constitucional su nómina de inscritos en el porcentaje del cero coma cinco por ciento (0,5%) en la

forma señalada en esta Ley para su constitución.

Parágrafo Único: Los partidos que hubieren obtenido en las elecciones nacionales

correspondientes el uno por ciento (1%) de los votos emitidos, sólo tendrán que presentar una

constancia de la votación que obtuvieron, debidamente certificada, por el respectivo organismo

electoral. Esta norma se aplicará igualmente para los partidos regionales.

Capítulo IV

De los compromisos de los parlamentarios y parlamentarias con sus electores y electoras

Artículo 26. Todo ciudadano electo o ciudadana electa por voluntad popular, de conformidad con la Constitución de la República y las leyes, está sujeto o sujeta al compromiso electoral plasmado en el programa de gestión consignado ante el Consejo Nacional Electoral al momento de inscribir su candidatura.

Artículo 27. Todos los diputados y diputadas, responderán ante el electorado que los eligió por sus

conductas y acciones en el desempeño de sus funciones parlamentarias en el seno de la

Asamblea Nacional y fuera de ella, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la

República.

Artículo 28. Constituye fraude a los electores y electoras, por parte de quienes resulten electos

como diputados o diputadas a la Asamblea Nacional, toda conducta reiterada que, en el

desempeño de las funciones parlamentarias, se aparte de las orientaciones y posiciones políticas

presentadas en el programa de gestión como oferta electoral.

Artículo 29.

Se considerarán conductas fraudulentas al electorado, las siguientes:

1. Votar en contra de los postulados del programa de gestión presentado a los electores y

electoras, en términos de su contenido programático y su orientación político-ideológica.

2. Hacer causa común con contenidos y posiciones políticas contrarias a la oferta del programa de

gestión consignado ante el Consejo Nacional Electoral, y presentada a los electores y electoras

durante la campaña electoral.

3. Hacer causa común con fuerzas políticas contrarias a los movimientos sociales u organizaciones

políticas que respaldaron el programa de gestión consignado ante el Consejo Nacional Electoral.

4. Separarse del Grupo Parlamentario de Opinión perteneciente a la organización política o social

que lo postuló, para integrar o formar otro Grupo Parlamentario de Opinión contrario al programa

de gestión consignado ante el Consejo Nacional Electoral.

Artículo 30. Todo fraude a los electores y electoras con base a lo señalado en los artículos

precedentes, podrá conllevar a la suspensión o inhabilitación parcial o total del diputado o

diputada, previa solicitud de los ciudadanos y ciudadanas en un número no menor del cero coma

uno por ciento (0,1%) del total de inscritos en el registro electoral correspondiente a la entidad

federal, o de la circunscripción electoral donde haya sido electo el diputado o electa la diputada.

La solicitud deberá acompañarse de una exposición de motivos donde se expongan los

argumentos que la soportan.

La Asamblea Nacional someterá a consideración de la plenaria, la solicitud de suspensión o

inhabilitación presentada y se decidirá por mayoría de los diputados y diputadas presentes en la

sesión en la cual sea considerada la solicitud.

Artículo 31. La Asamblea Nacional podrá remitir el expediente a la Contraloría General de la

República, a los efectos que considere si hay méritos para la inhabilitación política del diputado

sancionado o diputada sancionada.

Capítulo V

De la cancelación del registro y disolución de los partidos políticos

Artículo 32. La inscripción de los partidos políticos se cancelará:

a) A solicitud del propio partido, conforme a sus estatutos.

b) A consecuencia de su incorporación a otro partido o su fusión con éste.

c) Cuando hayan dejado de participar en las elecciones, en dos períodos constitucionales

sucesivos.

d) Cuando se compruebe que ha obtenido su inscripción en fraude a la Ley, o ha dejado de cumplir

los requisitos en ella señalados, o su actuación no estuviere ajustada a las normas legales.

En este caso el Consejo Nacional Electoral, actuando de oficio a petición del Ministerio del Poder

Popular con competencia en materia de Relaciones Interiores y Justicia, o de otro partido, podrá

cancelar su inscripción en el registro, todo ello sin perjuicio del procedimiento establecido en los

artículos 14 y 20 de la presente Ley.

Ninguna revocatoria podrá acordarse sin la previa citación del partido afectado, en las personas

que ejerzan su representación de conformidad con sus estatutos quienes podrán oponerse a ella

promoviendo y evacuando las pruebas conducentes y exponiendo por escrito los alegatos que

estimen procedentes. Este procedimiento deberá cumplirse dentro del término de treinta días

computados a partir de la citación. Transcurrido este término sin que haya habido oposición,

quedará definitivamente cancelado el registro y se publicará la decisión en la Gaceta Oficial de la

República Bolivariana de Venezuela.

Si hubiere habido oposición de la decisión recaída, podrá recurrirse ante la Sala Político

Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en la forma señalada para la negativa de

inscripción, y en tanto no recaiga sentencia definitivamente firme el partido podrá continuar sus

actividades ordinarias.

Artículo 33. 

El Consejo Nacional Electoral, publicará en la Gaceta Oficial de la República

Bolivariana de Venezuela y en los demás órganos de publicidad que crea necesario el respectivo

asiento de cancelación de un partido, excepto cuando lo fuera por sentencia del Tribunal Supremo

de Justicia.

Artículo 34. El Tribunal Supremo de Justicia, a instancia del Poder Ejecutivo Nacional, conocerá y

decidirá sobre la disolución del partido político que de manera sistemática propugne o desarrolle

actividades contra el orden constitucional.

Capítulo VI

De la propaganda política

Artículo 35. 

Las asociaciones políticas tienen el derecho de hacer propaganda por cualquier medio

de difusión del pensamiento, oral o escrito con las limitaciones establecidas por la Constitución y

las leyes de la República.

Artículo 36.

La propaganda política mediante altavoces instalados en vehículos o transportados

por cualquier otro medio, podrá hacerse previa participación a la autoridad civil correspondiente, a

los fines de invitar a la ciudadanía a reuniones públicas o a manifestaciones. Quedan a salvo las

disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de Procesos Electorales.

Artículo 37.

La fijación de carteles, dibujos y otros materiales de propaganda política podrá

hacerse en los edificios o casas particulares, previa autorización de los ocupantes.

No se permitirán en edificios o monumentos públicos, ni en templos.

Se prohíbe el uso de los símbolos de la patria o imágenes de los Próceres de nuestra

Independencia en la propaganda de los partidos.

Artículo 38.

Los infractores o infractoras de las disposiciones contenidas en los dos artículos

anteriores serán sancionados o sancionadas con arresto de uno a quince días sin perjuicio de las

acciones a que dichos actos pudieran dar lugar.

Artículo 39.

No se permitirán las publicaciones políticas anónimas, ni las que atenten contra la

dignidad humana u ofendan la moral pública, ni las que tengan por objeto promover la

desobediencia de las leyes, sin que por esto pueda coartarse el análisis o la crítica de los

preceptos legales. Toda publicación de carácter político debe llevar el pie de imprenta

correspondiente.

Las autoridades policiales deberán recoger toda propaganda o publicaciones hechas en

contravención de este artículo, sin perjuicio de las responsabilidades en que puedan incurrir sus

autores o autoras.

Artículo 40.

Las publicaciones, radio-emisoras, televisoras y demás medios oficiales, medios de

cultura y difusión no podrán ser utilizados por ningún partido político para su propaganda.

TÍTULO II

Capítulo I

De las Reuniones Públicas y Manifestaciones

Artículo 41

Todos los habitantes de la República tienen el derecho de reunirse en lugares públicos o de

manifestar, sin más limitaciones que las que establezcan las leyes.

Artículo 42

Las reuniones privadas no están sujetas a las disposiciones de esta Ley.

Artículo 43

Los organizadores de reuniones públicas o manifestaciones, deberán participarlo con veinticuatro

horas de anticipación cuando menos, por escritos duplicado, en horas hábiles, a la primera

autoridad civil de la jurisdicción con indicación del lugar o itinerario escogido, día, hora y objeto

general que se persiga.

Las autoridades en el mismo acto del recibo de la participación deberán estampar en el ejemplar

que entregan a los organizadores, la aceptación del sitio o itinerario y hora.

Artículo 44

Cuando hubieren razones fundadas para temer que la celebración simultánea de reuniones

públicas o manifestaciones en la misma localidad pueda provocar trastornos del orden público, la

autoridad ante quien deba hacerse la participación que establece el artículo anterior podrá

disponer, de acuerdo con los organizadores, que aquellos actos se celebren en sitios

suficientemente distantes o en horas distantes. En este caso tendrán preferencia para la elección

del sitio y la hora quienes hayan hecho la participación con anterioridad.

Artículo 45

A los efectos de los dos artículos precedentes la autoridad civil llevará un libro en el cual irá

anotando en riguroso orden cronológico, las participaciones de reuniones públicas y

manifestaciones que vaya recibiendo.

Artículo 46

Los gobernadores o gobernadoras de estado, alcaldes o alcaldesas de municipios, o de distritos

metropolitanos y jefe o jefa de gobierno de distrito, fijaran periódicamente mediante resoluciones

publicadas en las respectivas Gacetas, los sitios donde no podrán realizarse reuniones públicas o

manifestaciones, oyendo previamente la opinión de los partidos.

A solicitud de las asociaciones políticas, la autoridad civil podrá autorizar reuniones públicas o

manifestaciones en aquellos sitios prohibidos, cuando no afecten el orden público, el libre tránsito u

otros derechos ciudadanos.

Parágrafo Único: Durante los procesos electorales se aplicarán con preferencia las disposiciones

de la Ley Orgánica de Procesos Electorales.

Artículo 47

Las autoridades velarán por el normal desarrollo de las reuniones públicas y manifestaciones para

cuya realización se hubieren llenado los requisitos legales. Quienes interrumpan, perturben o en

alguna forma pretendan impedir u obstaculizar su celebración, serán sancionados o sancionadas

con arresto de uno a treinta días.

Artículo 48

Se prohíben las reuniones públicas o manifestaciones de carácter político con uso de uniformes.

Los infractores o infractoras serán sancionados o sancionadas con arresto de quince a treinta días,

sin perjuicio de las acciones a que dichos actos pudieren dar lugar.

Artículo 49

Las autoridades competentes deberán tomar todas las medidas preventivas tendientes a evitar las

reuniones públicas o manifestaciones para las cuales no se haya hecho la debida participación o

las que pretendan realizarse en contravención a las disposiciones de la presente Ley.

Los infractores o infractoras serán sancionados o sancionadas con arresto de quince a treinta días

sin perjuicio de las acciones a que pudiera haber lugar. En la misma pena incurrirán los que hayan

tomado la palabra.

Los directores o directoras de imprenta, periódicos, radio-emisoras, salas de cine y cualesquiera

otras empresas u órganos de publicación no serán responsables por la propaganda política que se

efectúe bajo la responsabilidad de los partidos, con excepción de aquella propaganda que anuncie

reuniones públicas o manifestaciones, para las cuales la autoridad civil, anuncie públicamente que

no se han sometido a los requisitos de esta Ley. En este caso serán sancionados o sancionadas

con multa de 500 a 5.000 bolívares fuertes o arresto proporcional.

Artículo 50

De cualquier determinación tomada por la primera autoridad civil de la jurisdicción que fuere

considerada como injustificada por los organizadores de reuniones públicas o manifestaciones,

podrá recurrirse por ante el Gobernador o Gobernadora del estado, Alcalde o Alcaldesa de

Municipio o Distrito Metropolitano, así como ante el Jefe o Jefa de Gobierno de Distrito, el cual

estará obligado a decidir durante las cuarenta y ocho horas siguientes. De esta decisión se podrá

apelar por ante el Tribunal Supremo de Justicia, quien decidirá con preferencia.

Artículo 51

Las autoridades procederán a disolver las aglomeraciones que traten de impedir el normal

funcionamiento de las reuniones de los Cuerpos Deliberantes, políticos, judiciales o

administrativos. Así como también aquellas que traten de fomentar desórdenes u obstaculizar el

libre tránsito.

Los aprehendidos o aprehendidas in fraganti serán penados o penadas con arresto de quince a

treinta días, sin perjuicio de las acciones a que pudiere haber lugar.

TÍTULO III

Capítulo I

De los Procedimientos

Artículo 52

Todo agente de la autoridad que intervenga en algún procedimiento de los señalados en esta Ley,

está obligado u obligada a identificarse debidamente ante los Directivos del Partido o personas

afectadas por el procedimiento.

Artículo 53

Las sanciones a que se refieren los capítulos II y V del Título I y el capítulo I del Título II, serán

impuestas por los jueces o juezas que ejerzan jurisdicción en el lugar donde el hecho fuere

cometido, previo juicio que se sustanciará y decidirá en la forma establecida en la legislación sobre

la materia; y la apelación de las sentencias que se dicten se oirán dentro de los tres días siguientes

por ante el Tribunal de Primera Instancia en lo Penal, de la jurisdicción sin perjuicio de las

sanciones en que hayan incurrido por falta o delito previsto en el Código Penal.

Disposición Final Única. La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en

Caracas, a los veintiún días del mes de diciembre de dos mil diez. Año 200º de la Independencia y

151º de la Federación.

CILIA FLORES

Presidenta de la Asamblea Nacional

DARÍO VIVAS VELASCO

Primer Vicepresidente

MARELIS PÉREZ MARCANO

Segunda Vicepresidenta

IVÁN ZERPA GUERRERO

Secretario

VÍCTOR CLARK BOSCÁN

Subsecretario

Promulgación de la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y

Manifestaciones, de Conformidad con lo previsto en el artículo 213 de la Constitución de la

República Bolivariana de Venezuela.

Palacio de Miraflores, en Caracas, a los veintidós días del mes de diciembre de dos mil diez. Años

200º de la Independencia, 151º de la Federación y 11º de la Revolución Bolivariana.

Cúmplase,

(L.S.)

HUGO CHÁVEZ FRÍAS

Refrendado

El Vicepresidente Ejecutivo, ELÍAS JAUA MILANO

El Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia, FRANCISCO JOSÉ AMELIACH

ORTA

El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, TARECK EL AISSAMI

El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, NICOLÁS MADURO MOROS

El Ministro del Poder Popular de Planificación y Finanzas, JORGE GIORDANI

El Ministro del Poder Popular para la Defensa, CARLOS JOSÉ MATA FIGUEROA

El Ministro del Poder Popular para el Comercio, RICHARD SAMUEL CANÁN

El Ministro del Poder Popular para las Industrias Básicas y Minería, JOSÉ SALAMAT KHAN

FERNÁNDEZ

El Ministro del Poder Popular para el Turismo, ALEJANDRO ANTONIO FLEMING CABRERA

El Ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, JUAN CARLOS LOYO HERNÁNDEZ

El Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, EDGARDO RAMÍREZ

La Ministra del Poder Popular para la Educación, JENNIFER JOSEFINA GIL LAYA

La Ministra del Poder Popular para la Salud, EUGENIA SADER CASTELLANOS

La Ministra del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social, MARÍA CRISTINA IGLESIAS

El Ministro del Poder Popular para Transporte y Comunicaciones, FRANCISCO JOSÉ GARCÉS

DA SILVA

El Ministro del Poder Popular para Vivienda y Hábitat, RICARDO ANTONIO MOLINA PEÑALOZA

El Ministro del Poder Popular para la Energía y Petróleo, RAFAEL DARÍO RAMÍREZ CARREÑO

El Ministro del Poder Popular para el Ambiente, ALEJANDRO HITCHER MARVALDI

El Ministro del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, RICARDO JOSÉ

MENÉNDEZ PRIETO

El Ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información, ANDRÉS GUILLERMO

IZARRA GARCÍA

La Ministra del Poder Popular para las Comunas y Protección Social, ISIS OCHOA CAÑIZÁLEZ

El Ministro del Poder Popular para la Alimentación, CARLOS OSORIO ZAMBRANO

El Encargado del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, FRANCISCO DE ASÍS SESTO

NOVAS

El Ministro del Poder Popular para el Deporte, HÉCTOR RODRÍGUEZ CASTRO

La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, NICIA MALDONADO MALDONADO

La Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, NANCY PÉREZ SIERRA

El Ministro del Poder Popular para Energía Eléctrica, ALÍ RODRÍGUEZ ARAQUE

El Ministro de Estado para la Banca Pública, HUMBERTO RAFAEL ORTEGA DÍAZ

El Ministro de Estado para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas, FRANCISCO DE

ASÍS SESTO NOVAS